Seguir a Expansión en GoogleHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedas- Economía. El Gobierno crea una autoridad para unificar el control del blanqueo de capitales
- Banca. El Gobierno transforma el Frob en autoridad antiblanqueo y traslada a Economía la gestión de la participación pública en CaixaBank
El departamento que lidera Carlos Cuerpo constituye un órgano para canalizar la colaboración público-privada en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Tras la aprobación, hace unos meses, del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2026-2030 y del anteproyecto de ley antiblanqueo que servirá para crear la nueva Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), el Ministerio de Economía que lidera el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, publicó ayer la orden ministerial por la que da luz verde a la constitución del Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Se trata de un órgano, según explican desde el Ejecutivo, que servirá “como vía de encuentro” para articular y canalizar la “colaboración público-privada de forma estructurada y permanente, con un marco normativo específico que permita el correcto ejercicio de sus funciones”.
Entre ellas, se encuentra la promoción de la colaboración entre las autoridades competentes y los sujetos obligados en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o de la proliferación de las armas de destrucción masiva, así como para la implementación de “sanciones financieras internacionales”. También el intercambio de información “estratégica, táctica y operativa” entre las autoridades y los sujetos obligados, así como entre estos entre sí.
Asimismo, el nuevo Consejo elaborará informes, guías y recomendaciones en lo relativo a los riesgos y vulnerabilidades del sistema de prevención del blanqueo y la lucha contra el terrorismo; y propondrá a las autoridades iniciativas, acciones y prioridades de actuación para mejorar el sistema.
Según la orden ministerial publicada ayer en el BOE, el Pleno del Consejo, que estará formado por un presidente y 21 vocales deberá reunirse al menos una vez al año, si bien el nuevo órgano podrá constituir un comité ejecutivo formado por hasta diez miembros; así como comisiones técnicas encargadas del cumplimiento de funciones más específicas, “especialmente aquellas relacionadas con el intercambio de información operativa y estratégica”.
La primera reunión del Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva se celebrará antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Economía ha dado “el plazo máximo de un mes” a todos los actores implicados para constituir la mesa, por lo que, como tarde, debería celebrarse en las jornadas anteriores al domingo electoral.
La prometida Autoridad Nacional de Integridad Financiera, en suspenso por las elecciones
El nuevo Consejo de Prevención del Blanqueo de Capitales es diferente a la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), cuya creación avanzó EXPANSIÓN a finales de julio y que el Gobierno incluyó en el anteproyecto de ley antiblanqueo. El texto también incorporaba nuevos sujetos obligados a someterse al control del blanqueo, como proveedores de servicios de criptoactivos, plataformas de financiación participativa o clubes de fútbol.
Según confirman a este diario fuentes gubernamentales, la constitución de este organismo, que pretendía unificar las competencias de supervisión, inspección y sanción contra el blanqueo de capitales en España, se ha paralizado tras la convocatoria de elecciones anticipadas y la derogación del anteproyecto, si bien el Ministerio de Economía podría recuperar su creación más adelante si Sánchez continúa en La Moncloa tras los comicios.
En cualquier caso, el Ejecutivo que se constituya después del 29 de noviembre deberá adaptar la norma española al paquete europeo antiblanqueo, aprobado en 2024 y cuya fecha límite de transposición es el 10 de julio de 2027.
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