Cientos de agricultores y ganaderos recorrieron las calles de Madrid el pasado febrero.Seguir a Expansión en GoogleHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedas- Economía. El campo presiona al Gobierno con protestas en toda España por el alza de los combustibles
- Economía. Tercer plan anticrisis del Gobierno con el sector agroalimentario en el foco
El Gobierno lanza “reducciones fiscales excepcionales” para el sector agrario en 2027, con un recorte general del 10% en el rendimiento neto aplicable en el IRPF, y acicates por la compra de gasóleo y fertilizantes.
“Producimos tu comida; merecemos vivir de nuestro trabajo”. Bajo este lema, los agricultores y ganaderos españoles volverán a movilizarse el próximo 28 de octubre, miércoles. Lo harán con una gran tractorada por las calles de Madrid con la que buscan escenificar su malestar por la concatenación de problemas antiguos y nuevos. Entre ellos sobresalen el aumento de los costes de producción por el fuerte encarecimiento de la energía, lo que está golpeando aún más la escasa rentabilidad de muchas explotaciones; una Política Agraria Común (PAC) que amenaza con recortar los fondos europeos que recibe el sector; unos precios en origen que siguen siendo bajos, y la denuncia constante del sector de que Europa no garantiza la reciprocidad en los acuerdos comerciales con terceros países. Todo ello aderezado por una burocracia que, según los agricultores, les implica crecientes cargas y les impide dedicar más tiempo a producir.
Con este telón de fondo, en el que las principales organizaciones agrarias ven del todo insuficiente la prórroga hasta el 31 de diciembre del descuento de 20 céntimos por litro al gasóleo agrícola para combatir la fuerte subida de costes, el Gobierno ha lanzado varios guiños fiscales a un colectivo con el que su relación ha estado -y sigue- marcada por los altibajos, a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por desmarcarse de Bruselas en determinadas cuestiones, como los recortes de la PAC, y alinearse así con los agricultores.
El Gobierno abrió ayer el periodo de información pública del proyecto de orden de módulos del IRPF para 2027, que, según informó el Ministerio de Agricultura, que lidera Luis Planas, “incluye reducciones fiscales excepcionales para agricultores y ganaderos”.
Esos incentivos se resumen esencialmente en una reducción general del 10% del rendimiento neto aplicable a todas las actividades agrarias en el Impuesto sobre la Renta, frente al 5% que se mantiene para el resto de actividades económicas, y en bonificaciones que afectan a dos componentes esenciales para la actividad agrícola: los fertilizantes y el gasóleo agrario. En concreto, el proyecto de orden de módulos plantea una reducción del 35% en el IRPF por la compra de gasóleo profesional y del 15% por la adquisición de fertilizantes, indispensables para el campo y cuyo precio, al igual que el de la energía, se ha visto disparado por la inestabilidad en Oriente Próximo y el prolongado bloqueo del estrecho de Ormuz.
Recortes impositivo de 860 millones
Según los cálculos del Ejecutivo, estos guiños fiscales al campo supondrán en la práctica un tijeretazo de unos 860 millones de euros en la base imposible del IRPF. Es decir, un significativo balón de oxígeno económico para el sector cuyo objetivo, de acuerdo con la cartera que encabeza Luis Planas, es precisamente “paliar los efectos en la rentabilidad de las explotaciones agrarias del incremento de los precios del gasóleo y los fertilizantes como consecuencia del conflicto en Oriente Medio”, señaló ayer Agricultura en un comunicado.
Se estima que estos acicates fiscales, que se anuncian menos de una semana antes de la gran tractorada convocada por Asaja, Coag y Unión de Uniones en la capital de España, y en plena precampaña de unas elecciones decisivas para trazar el futuro rumbo político, económico y social de España, beneficiarán a los 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el método de estimación objetiva del IRPF; esto es, por el sistema de módulos.
Las medidas anunciadas ayer por el Gobierno son en realidad una suerte de continuación de las que se vienen aplicando desde 2022 por culpa de diferentes crisis y shocks. “Estas medidas excepcionales de aplicación en el ejercicio de 2026 son similares a las que estuvieron vigentes en los años 2022, 2023 y 2024 para hacer frente a los efectos en las explotaciones agrarias de la guerra en Ucrania y de la sequía”, explicó el Ministerio de Agricultura. Ahora, el epicentro del seísmo que golpea al campo español se sitúa en Oriente Próximo, que ha resucitado el fantasma de la crisis inflacionaria.
El periodo de consulta pública de la nueva orden de módulos concluirá el próximo 3 de noviembre.
Cinco grandes reivindicaciones del sector agrario<br>
Sus reivindicaciones son muchas y gran parte vienen de antiguo, pero en la gran tractorada convocada para el miércoles de la semana que viene en Madrid el sector agroganadero centrará sus protestas en cinco grandes cuestiones. -En primer lugar, la exigencia de un plan de choque al Gobierno frente a los costes de producción, “con la implantación inmediata de un gasóleo profesional agrario”. Esto es, el sector demanda “una fiscalidad reducida y estable, con bonificaciones aplicadas directamente al repostar”. -En segundo lugar, “una PAC fuerte que proteja la renta de agricultores y ganaderos” ante la incertidumbre que en estos momentos rodea el futuro de la política agraria europea. El sector rechaza cualquier recorte presupuestario y demanda financiación suficiente. -En tercer lugar, que, de una vez por todas, haya “una Ley de la Cadena Alimentaria que se cumpla” y permita al sector cobrar unos “precios justos” por sus productos. -En cuarto, se revuelve contra lo que considera competencia desleal en los acuerdos comerciales con terceros países o bloques y reitera su rechazo a tratados como el de la UE-Mercosur en sus condiciones actuales o el pacto con Marruecos, exigiendo reciprocidad normativa y controles efectivos en frontera. -Y en quinto y último lugar, el campo pide “menos papeles y menos normas”. Esto es, una descarga y simplificación de la carga burocrática que el sector se ve obligado a afrontar. “Agricultores y ganaderos quieren poder trabajar en sus explotaciones en lugar de dedicar cada vez más tiempo a trámites, registros y obligaciones administrativas”, señalan las organizaciones convocantes de la movilización, que creen llegado el momento de “dejar claro de forma contundente que el campo necesita soluciones para poder seguir produciendo y viviendo de su trabajo”.
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