Sede de la Audiencia Nacional.Seguir a Expansión en GoogleHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasLa Audiencia Nacional ha amnistiado a los doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por planificar supuestamente sabotajes y acciones violentas contra edificios en Cataluña en respuesta a la sentencia del 'procés'.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el tribunal acuerda el archivo de la causa de los doce investigados, que aún no habían sido juzgados, tres meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara la amnistía los delitos de terrorismo cuando no comporten vulneraciones graves de los derechos humanos.
La Audiencia Nacional dejó en suspenso el proceso contra los CDR en septiembre de 2024, cuando estaban a punto de ser juzgados, y elevó una cuestión prejudicial ante la justicia europea para que se pronunciara sobre si la amnistía de este caso contravenía el derecho comunitario y, en concreto, la directiva europea antiterrorista.
En una sentencia del pasado mes de julio, el TJUE falló que la amnistía de ese tipo de delitos "no menoscaba" la directiva europea antiterrorista ni vulnera la normativa comunitaria, pero dejó en manos de la Audiencia Nacional la decisión sobre si el caso de los CDR debía quedar excluido de la ley.
En su auto, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional se remite a la sentencia de la justicia europea y concluye que, en consecuencia, deben incluirse en la ley de amnistía los hechos investigados en la causa contra los doce CDR, que fueron detenidos en 2019, semanas antes de la sentencia del 'procés', en el marco de la llamada "Operación Judas" desplegada por la Guardia Civil.
Esos hechos, añade el auto, "aunque calificados provisionalmente de un posible delito de terrorismo, no suponen graves violaciones intencionadas de derechos humanos", de acuerdo con el derecho comunitario y el internacional humanitario.
Los doce integrantes de los CDR fueron procesados por presuntamente pertenecer a una facción radicalizada de estos grupos -el autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT)- que supuestamente estaba planeando sabotajes o acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña en respuesta a la sentencia del procés.
La tesis del juez que les investigó, el magistrado Manuel García Castellón, ya jubilado, era que los procesados habrían conformado "una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados" utilizando explosivos y sustancias incendiarias fabricados en laboratorios clandestinos.
El magistrado consideraba que los investigados habrían participado en cortes de carretera y en la creación de los centros de coordinación (CECOR) y que asumieron el encargo recibido de un denominado "CNI Catalán" para aportar infraestructura logística para acometer una acción en la que se pretendía ocupar y defender el Parlament de Cataluña.
Los procesados ingresaron en prisión preventiva tras su detención, el 23 de septiembre de 2019, acusados de los delitos de organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos, aunque la Audiencia Nacional los fue dejando en libertad a lo largo de los meses posteriores.
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