La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.Seguir a Expansión en GoogleHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedas- Economía. Ayuso anuncia una ley contra la burocracia: cada nueva norma exigirá derogar otra
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La Asamblea de Madrid ha dado luz verde definitiva este jueves a la nueva Ley de Defensa del Contribuyente, una de las grandes promesas de Isabel Díaz Ayuso para esta legislatura.
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de cumplir otra de sus grandes promesas electorales para esta legislatura: la creación y aprobación de una Ley de Defensa del Contribuyente para agilizar las gestiones tributarias y, sobre todo, garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes madrileños. Lo anunció antes de los comicios de autonómicos de mayo de 2023, que le otorgaron su actual mayoría absoluta en el Parlamento regional, y tres años y medio después esa promesa es una realidad. La Asamblea de Madrid dio este jueves luz verde definitiva a la norma con los votos favorables del PP y de Vox y el rechazo del bloque de la izquierda.
La nueva ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y solo se aplicará a los tributos cedidos por el Estado; esto es, a los impuestos sobre Patrimonio; Sucesiones y Donaciones; Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y a las tasas que gravan el juego.
La nueva ley, que busca una relación más justa y equilibrada, también más “amable”, entre su Administración tributaria y los contribuyentes, establece un plazo máximo de tres meses para que la Hacienda autonómica responda a las peticiones de los ciudadanos. Un plazo que será mucho más corto en el caso de la nueva Oficina de Defensa del Contribuyente. Esta figura, que sustituye al actual Defensor del Contribuyente madrileño “con más medios técnicos y plazos exigibles”, tendrá 15 días hábiles para responder a las quejas de los contribuyentes por retrasos indebidos, incidencias electrónicas o mal trato.
El texto normativa incorpora además mecanismos pioneros de “cortesía institucional”, entre los que figura la obligación por parte de la Administración regional de pedir “perdón cuando una sentencia firme declare que se vulneró un derecho del contribuyente y dará las gracias cuando una inspección termine sin regularización y sin sanción”, señaló el Ejecutivo regional en un comunicado.
La norma, que busca que “los derechos de los contribuyentes sean reales y efectivos en la práctica”, dotará de mayor seguridad jurídica al contribuyente contestándole por escrito y con carácter vinculante a sus consultas. Además, efectuará la autoliquidación de forma gratuita a todos los que lo soliciten y les “acompañará en la presentación y en el pago”. Los contribuyentes podrán consultar sus expedientes a través de la Oficina Virtual Tributaria y de una carpeta fiscal individualizada.
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