El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ministro de Presidencia, Félix Bolaños.EFESeguir a Expansión en GoogleHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedas- La vía liberal. Cómo quieren los partidos deshacer el nudo gordiano de la burocracia
- La vía liberal. ¿Dónde han ido a parar las subidas de los salarios?
La degradación de las instituciones por la corrupción, la colonización partidista, la inseguridad jurídica y los ataques a la Justicia ha frenado la confianza y la inversión en España.
El factor que más ha erosionado la confianza de los inversores en la economía española a lo largo de la legislatura es el deterioro de la calidad institucional. La mayoría de los organismos internacionales incluye en sus informes sobre nuestro país referencias a la urgencia de revertir la colonización partidista de los organismos que deberían ser independientes, los ataques desde el Gobierno de PSOE y Sumar al poder judicial por las investigaciones que les afectan, la inestabilidad parlamentaria, la inseguridad jurídica derivada de los constantes cambios normativos y del abuso del real decreto para sortear los controles legislativos, los cada vez más recurrentes fallos en la redacción de las normas y regulaciones, y, por supuesto, el alarmante aumento de los niveles de corrupción en el sector público.
Incluso los informes de organismos ministeriales como el Icex recogen la falta de estabilidad del marco regulatorio y la carga burocrática que conlleva como causas del deterioro del clima de negocios en España, que es el que determina a la postre las decisiones que toman los inversores extranjeros. Una conclusión que coincide con una encuesta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), dirigido desde comienzos de 2024 por la exvicepresidenta Nadia Calviño, que señala al exceso de regulación laboral y empresarial como el principal freno para invertir en España.
Según el análisis del Fondo Monetario Internacional sobre la evolución de la economía española desde la pandemia del Covid, la recuperación de la inversión productiva ha sido más débil que en otros países de la zona euro. Lo cual atribuyen a la incertidumbre creada por la política económica abiertamente hostil a la iniciativa privada, sobre todo en sectores como el de la vivienda, desplegada por Sánchez y sus socios, que explicaría una quinta parte del déficit de inversión acumulado.
Tal como alertó en uno de sus últimos informes anuales el Banco de España, existe un consenso entre los expertos y académicos sobre cómo la calidad de las instituciones y el grado de confianza que generan en los agentes económicos es un condicionante fundamental para el crecimiento a largo plazo. Pues bien, nuestro país ha pasado de estar en el año 1998 por encima de la media de la zona euro en los indicadores de gobernanza pública del Banco Mundial a caer progresivamente hasta el furgón de cola en el continente de acuerdo a los datos más reciente, relativos a 2022. Para el Instituto de Estudios Económico, vinculado a la patronal CEOE, la calidad de la regulación en España es un 33% inferior a la media de la Unión Europea, lo que sitúa a nuestro economía en desventaja respecto a Alemania, Francia o Reino Unido.
p-21-lunes-dañoCorrupción percibida
Pero, sin duda, el elemento más determinante es el aumento de la corrupción percibida por inversores y agentes económicos en la contratación pública, agravada por los escándalos judicializados que implican incluso al círculo familiar y político de Pedro Sánchez. La OCDE alertó en su último informe sobre la economía española de que las reformas legales impulsadas en los últimos años para frenar estos comportamientos, aunque bien orientadas, no han servido para mejorar la confianza en las instituciones debido a la falta de controles respecto a la concesión de contratos públicos y del uso que se hace de los recursos del Estado. La organización también destaca que el fuerte aumento de los contratos adjudicados directamente y no por concurso, así como de las licitaciones únicas, que han pasado de representar un 17% en 2011 a un 45% con este gobierno, son un flanco débil frente a la corrupción.
El Gobierno ha venido realizando un ejercicio de rendición pública sobre el cumplimiento de su agenda legislativa, pero lo ha concebido más como un acto propagandístico que como un examen a la calidad y la salud de las instituciones democráticas.
Las empresas piden revertir el daño a las instituciones<br>
Los representantes empresariales han estado pidiendo durante toda la legislatura reconducir el deterioro institucional, aunque sin éxito. Por eso, de cara a las elecciones del próximo domingo los manifiestos públicos de las distintas patronales incluyen la urgencia de revertir el enorme daño causado a la credibilidad de las instituciones desde 2023 entre sus demandas para el próximo Ejecutivo. Junto a ello, reclaman blindar la separación de poderes, recuperar la normalidad en la vida parlamentaria, acabar con la colonización partidista de los organismos independientes y, por último, aumentar los controles a la corrupción. De hecho, la imputación del entonces secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, por el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de obras públicas, sólo unos meses después de que su antecesor, José Luis Ábalos, tuviese que dejar el cargo por el mismo motivo, provocó el pronunciamiento más duro de las patronales en junio de 2025 en denuncia de la deriva política y el deterioro de la calidad institucional.
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