José Antonio Jordano acompañó en varios negocios en España al nuevo virrey petrolero de Trump; hijo de un histórico del PP andaluz y socio de un ex alto cargo del Gobierno de Murcia, gestiona sociedades vinculadas a Pedro Trebbau, socio del magnate e investigado como él por un fraude multimillonario
EEUU confirma la elección del polémico empresario Alejandro Betancourt para su acuerdo petrolero en Venezuela
Un abogado andaluz ha sido una figura clave en varios negocios en España del controvertido magnate venezolano Alejandro Betancourt, el nuevo zar petrolero de Donald Trump, al que la Fiscalía española investiga por blanqueo y un fraude multimillonario.
El abogado en cuestión se llama José Antonio Jordano, administrador de varias sociedades vinculadas a Betancourt y a su primo y socio Pedro Trebbau, otro de los denominados ‘bolichicos’ (jóvenes empresarios que se hicieron multimillonarios con la corrupción chavista) al que Anticorrupción atribuye también ese presunto fraude.
A Jordano, que está conectado con el PP por vía familiar, se le podría definir como el hombre en la sombra de Betancourt en España. Él lo niega. “Lo conozco desde hace años, he colaborado con él echándole una mano en las inversiones y operaciones que tenía aquí en España” y “sigo teniendo relación personal, pero a nivel profesional no tengo ya las sociedades que llevaba antes para él”, afirma al teléfono.
“Le tengo mucho cariño a él y a su familia, pero no tengo una relación de tú a tú”, dice Jordano, que asegura que nunca ha militado en el PP y que llegó a afiliarse “hace años” a Ciudadanos. “No sé qué conexión o relación puede haber entre la política y el desempeño privado que yo hago como abogado con clientes desde hace diez años”.
Este cordobés de 46 años (como Betancourt) fue director Legal de Auro, la empresa de VTC (vehículos sin conductor) de la que Uber compró un 30% en 2025 por 220 millones de euros. El oligarca venezolano (que ya no es accionista, según Jordano) invirtió en ella alrededor de 2017, tras hacerse de oro con multimillonarias adjudicaciones bajo sospecha en la etapa de Hugo Chávez.
Jordano también es secretario no consejero en Playtomic, start up para reservar pistas de pádel fundada por Betancourt y su amigo y socio en España Félix Ruiz, creador de Auro y de la extinta red social Tuenti. El nombre de Jordano figuraba en un reportaje de El Confidencial sobre “los verdaderos ganadores de las 'guerras del taxi”“ publicado en 2018.
Y fue uno de los primeros administradores (hasta abril de ese año) de la luxemburguesa Ming International, dueña del 84,54% de Saldum Ventures SL, matriz de la inversión más conocida de Betancourt en España, la marca ilicitana de gafas de sol Hawkers, que el venezolano preside y controla y en la que entró junto a Félix Ruiz y el cofundador de Tuenti, Hugo Arévalo, en 2016.
En mayo de ese año, Jordano fue nombrado director de la dueña del 100% de Ming International, Gainsboro Developments SA. También luxemburguesa, según sus últimas cuentas disponibles, que no ha presentado hasta este año, a cierre de 2023 tenía un 29,3% de Auro, el 23,8% de otra start up en la que invirtieron Betancourt y Ruiz, la plataforma de empleo Jobandtalent, o el 47,6% de Rosa de los Vientos Luxury Cars, que Jordano liquidó en enero (era su administrador único) y de la que fue socio único José Antonio Parrondo, expresidente de Auro y polémico exjefe del taxi que saltó al negocio de las VTC y acumula múltiples demandas y una detención policial en los últimos años.
En Luxemburgo, Jordano fue nombrado en mayo de 2016 administrador de Umber Overseas Investment, dueña de un 5% de Jobandtalent hasta que vendió su paquete en 2020. Varios medios la vincularon en su día a Betancourt. El cordobés niega que el oligarca estuviera tras esa firma luxemburguesa, liquidada en 2024 por orden judicial tras incumplir “gravemente” sus obligaciones, como presentar cuentas (nunca lo hizo), según documentación oficial en el Gran Ducado.
Jordano figuró como único accionista de Umber Overseas hasta 2017. Le sustituyeron dos opacas entidades panameñas, New Magic Group Inc y Beefield International Foundation, constituida en 2014 por una sociedad de Islas Vírgenes (Zumaque LTD). Según contó en 2019 Infolibre, la primera de esas entidades panameñas fue el vehículo utilizado en 2017 para inyectar dinero a Auro por Trebbau.
El primo de Betancourt, al que la Fiscalía también reclama en esa causa de supuesto blanqueo y fraude fiscal, era socio del nuevo virrey petrolero de Trump en la empresa que copó esas adjudicaciones milmillonarias del chavismo, Derwick Associates. Jordano sustituyó a Trebbau en 2021 como administrador único de Eiffel Real Estate, que cerró ese año con activos de 7 millones. En 2019 era dueña de un lujoso apartamento en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, detrás del Museo del Prado y cerca del parque de El Retiro. En teoría es una inmobiliaria, pero actualmente no tiene edificios ni suelos a su nombre, según el Registro de la Propiedad.
“En diez años que llevo trabajando con él y con Pedro, a mí nunca jamás me han llamado de Hacienda, ni de la Seguridad Social, ni de Fiscalía, ni de la Polícia”, dice Jordano.
Nexo con el PP
La vinculación de este abogado con personas de la órbita del PP alcanza varias empresas que administra junto a su cuñado, Jaime Pérez Zulueta, director general de Arquitectura del Gobierno de Murcia de septiembre de 2019 a septiembre de 2023.
Entre ellas, Boom Armmo Technologies SL, que constituyeron en Marbella el 26 de marzo. Su nombre remite al fabricante español de drones Armmo, con sede en la misma calle. Según Jordano, la montaron para una inversión que no se ha materializado al no haber acuerdo con el fundador de Armmo, el malagueño Jaime Abrisqueta. Esta empresa acaba de anunciar más de 20 millones de inversión en una fábrica en Zafra (Badajoz) que visitó en agosto el consejero de Economía extremeño.
El cuñado de Jordano comparte negocios con el marbellí Félix Ruiz, su socio hace años en franquicias de las tabernas Volapié. En febrero de 2019, poco antes de que se convirtiera en alto cargo del Gobierno del popular Fernando López Miras, Infolibre reveló que Pérez Zulueta, de profesión arquitecto, era socio minoritario de Auro. Su declaración de bienes tras el cese no está disponible en la web de Transparencia del Gobierno de Murcia. Su Consejería de Presidencia no ha atendido a este medio.
José Antonio Jordano está muy vinculado al PP por vía familiar. Su padre era el abogado especialista en derecho de la Empresa Diego Jordano, fallecido en 2023, presidente del PP de Córdoba (1986-1993), secretario general del PP andaluz (1990-1993) o diputado en el Congreso cuatro legislaturas (1986-2000). Su hermano Diego trabaja en el Gabinete del alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido. Hasta este año era coordinador general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que preside el primer edil cordobés. También consejero de la funeraria municipal, figura en la web del PP cordobés como miembro del consejo asesor de su comité ejecutivo provincial.
En Andalucía, José Antonio Jordano ha sido consejero y es secretario de Utamed, primera universidad privada online de la región, fundada por el fallecido consejero de Educación Javier Imbroda (de Ciudadanos), y que posteriormente fichó al exlíder de ese partido, Albert Rivera, para dar clases de liderazgo.
Sin relación con Betancourt o Félix Ruiz, y definida en 2023 por el PSOE andaluz como “el algarrobico del sistema universitario”, los informes en contra que acumulaba no impidieron el visto bueno del gobierno de Juanma Moreno. El presidente de Utamed es otro habitual del ecosistema andaluz de start ups, el malagueño Francisco Ávila, fundador de MEDAC, red de academias de FP que compró el fondo de inversión KKR.
elDiario.es contactó con el fondo con sede en Panamá que canaliza varias inversiones en España de Betancourt y los fundadores de Tuenti, O´Hara, sin obtener respuesta.
Opaco contrato
Con pasaporte venezolano e italiano, el nuevo “virrey” del petróleo venezolano ha sido clave para lo que Trump llama el acuerdo petrolero “más importante de la historia mundial”. El opaco contrato entrega a NABEP, empresa de Barbados controlada por Betancourt, la concesión para explotar 17 campos petroleros venezolanos con unos 65.000 millones de barriles de crudo, casi una cuarta parte de las reservas del país. El Pentágono recibe un 35% de la compañía y se asegura buena parte de ese crudo a precio de coste.
El acuerdo ha provocado enorme polémica dentro y fuera de Venezuela, entre otras cosas por la elección de un empresario con causas activas en España y Suiza y por cómo se hizo multimillonario antes de cumplir los 30.
Entre 2009 y 2011, Derwick Associates se llevó al menos 11 contratos sin licitación por unos 5.000 millones de dólares para construir plantas eléctricas que le adjudicó el chavismo para aliviar la grave crisis energética que aún hoy sufre Venezuela. El sobreprecio, según Transparencia Venezuela, rondó los 2.900 millones. Varias plantas nunca funcionaron como se prometió. Gran parte del país vive hoy a oscuras y sin electricidad varias horas al día.
A Betancourt se le acusa de comprar turbinas de segunda mano y facturarlas como nuevas, y de sobornar junto a sus socios a tres funcionarios de la estatal venezolana PDVSA con 42 millones de dólares para defraudar supuestamente 4.850 millones en operaciones de cambio de divisas canalizadas a través del petróleo.
Ese dinero acabó regado en empresas, inversiones e inmuebles de lujo en España, según pretende demostrar Anticorrución, que está encontrando fuerte resistencia de Estados Unidos en la investigación que archivó en marzo el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al concluir que los hechos ya habían sido enjuiciados en Venezuela. La Sala de lo Penal obligó a reabrir hace unos meses esa causa, que deriva de otra abierta en Suiza por blanqueo, que a su vez proviene de una investigación en EEUU donde sus supuestos cómplices ya fueron condenados.
Hasta mayo, Betancourt tenía prohibido abandonar Reino Unido (donde está afincado hace años) mientras intentaba evitar una petición de extradición de Suiza. El Washington Post reveló que altos funcionarios estadounidenses intervinieron directamente para resolver la causa penal suiza contra él sin que enfrentara cargos y levantar las restricciones de movimiento que le mantenían encerrado en sus dos mansiones en Chelsea (Londres) y en la zona rural de Oxfordshire.
En 2014 un juez de Nueva York absolvió a Betancourt de las acusaciones de corrupción que formuló un ex alto diplomático estadounidense contra él y otro empresario venezolano, Francisco D'Agostino, definido como figura clave en las operaciones de Derwick, y que asesoró al pederasta Jeffrey Epstein para inversiones petroleras en Venezuela.
Cuñado de Luis Alfonso de Borbón, el bisnieto más conocido del dictador Francisco Franco, D'Agostino invirtió en un banco africano (BDK) junto a, entre otros, Betancourt, Alberto Cortina (ACS) y su hijo Pelayo Cortina Koplowitz, a su vez vinculado a la petrolera IPISA, también relacionada con Betancourt. IPISA logró asociarse con una filial de PDVSA. La pilotaba un abogado muy cercano al PP, el exvicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín, condenado en el caso Gürtel.
D'Agostino se dedica últimamente a promover corridas de toros en Mallorca. La tauromaquia también conecta este mapa de relaciones. En 2025 Félix Ruiz compró la plaza de toros de Puerto Banús (Málaga). La operación la asesoró Jordano, quien se ha alternado con su hermano en la gestión de Cosso Espacio Cultural SL, proyecto de restauración en la plaza de toros de Córdoba, de la que fue presidente once años su padre, gran aficionado al toreo. Diego Jordano lo promocionaba en 2012, poco después llegar el PP a la alcaldía.
En su finca toledana El Alamín, que cuenta con un castillo y 1.400 hectáreas, y subastada en su día por unos 24 millones tras ser expropiada al expresidente de CEOE Gerardo Díaz Ferrán, dueño entonces de la quebrada Viajes Marsans, Betancourt tiene una plaza de toros privada. La madre del oligarca y su hermanastra mantuvieron sendos noviazgos con el fallecido torero Palomo Linares y uno de sus hijos, Miguel.
