Juan José Ganuza, presidente de la CNMC. Seguir a Expansión en GoogleHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasAnálisis fundamental
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La posibilidad de que la CNMC acabe autorizando una subida de más del 100% de los precios que Telefónica cobra a sus rivales por alquilar sus conductos subterráneos, vitales para los despliegues de fibra, tiene al sector en pie de guerra.
Los conductos subterráneos –ductos en la jerga sectorial– indispensables para desplegar las redes de fibra óptica en las ciudades, son el escenario de una encarnizada batalla regulatoria que enfrenta por un lado a Telefónica –dueña de la mayoría de esas infraestructuras, que sus rivales alquilan– y por el otro a todo el resto del sector, con Orange, Digi, PremiunFiber y Onivia a la cabeza. Además, es probablemente la última gran batalla regulatoria en el sector de telecos que se dirimirá ante la CNMC. En los últimos años, el hecho de que los grandes operadores hayan desplegado amplias redes de fibra, que el regulador haya desregulado la mayoría de los mercados y que las relaciones entre telecos estén dominadas fundamentalmente por los acuerdos comerciales voluntarios entre las partes, han reducido al mínimo la conflictividad regulatoria del sector teleco.
La raíz de la batalla de los ductos es la posibilidad de que la CNMC, el regulador del sector, cambie la actual norma que regula este negocio, denominada MARCo por la que la CNMC impone a Telefónica los precios que puede cobrar a sus rivales por alquilar los ductos, por un sistema de compromisos voluntarios por parte de Telefónica. La decisión de la CNMC se adoptará, previsiblemente, a finales de 2026 o principios de 2027.
El problema es que en su propuesta de compromisos voluntarios Telefónica quiere subir los precios actuales –aún fijados por la CNMC– en una senda que los elevaría un 30% el primer año y hasta un 116% en total en un periodo de 5 años.
El sector espera con la respiración contenida la decisión de la CNMC de señalar con el pulgar hacia arriba o hacia abajo. Los observadores sostienen que sólo el hecho de que el regulador haya permitido dar inicio a todo el proceso ya presupone un veredicto favorable del regulador a la propuesta de Telefónica, aunque fuera suavizando los incrementos de precios.
Una nueva CNMC
Pero también hay que tener en cuenta que el actual consejo del regulador, con Juan José Ganuza a la cabeza en sustitución de Cani Fernández, es bastante diferente al que aprobó, el pasado verano, poner en marcha el procedimiento para aprobar –o no– la subida. Han cambiado 4 de los 10 consejeros.
Porque si se aprueba esta incremento, Telefónica recibirá una inyección directa de caja adicional, ya que no incurrirá en ningún coste a cambio de que a sus rivales se les incrementen los costes operativos. Y aquí se encuentra el quid de la cuestión. Telefónica alega que el aumento de precio mayorista tendría un impacto muy limitado en los costes de sus rivales, mientras que sus competidores señalan que será muy elevado respecto a los precios minoristas y que les obligaría a subir los precios a los usuarios finales al menos 1,5 euros mensuales. Pero es que las cifras que manejan en cada bando no tienen nada que ver, como se si tratase de realidades distintas. Para empezar, ni siquiera hay consenso sobre la dimensión del negocio. Según sostienen los rivales de Telefónica, el exmonopolio ingresa unos 150 millones de euros al año por el alquiler de los ductos, mientras que desde el otro lado se sostiene una cifra mucho menor, de unos 90 millones de euros/año.
Telefónica también sostiene que hay ductos alternativos –de eléctricas, de firmas de gas o agua– que sus rivales podrían usar, mientras que los rivales explican que es imposible, que ya se ha desplegado el 90% de las redes y que replicar la red de ductos de Telefónica costaría 5.000 millones de euros y 30 años de plazo.
Pero la cifra clave es la del impacto directo de la subida por cliente y mes. Mientras Telefónica sostiene que el impacto, en el peor de los casos, sería de 8 céntimos al mes –0,08 euros– los rivales alegan que supondría pasar de un impacto actual de 1,5 euros por cliente a 3 euros al final del periodo de 5 años. Y que esos 3 euros supondrían casi un 20% del coste minorista de una fibra, que se sitúa, de media, en 16 euros/mes.
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