La medida prevé que una aplicación digital facilite a las personas solicitar y recibir documentos de seguridad social íntegramente por internet, incluida la Tarjeta Sanitaria Europea y el documento A1 para los trabajadores desplazados
Las empresas deberán revelar a los trabajadores si usan algoritmos para fijar salarios, ascensos o despidos
La Comisión Europea ha anunciado este martes que ha aprobado la norma sobre Movilidad Laboral Justa para que los trabajadores europeos puedan acreditar y reclamar sus derechos en materia de seguridad social y seguro de enfermedad en toda la UE. Bruselas asegura que la medida garantizará los derechos sociales de los ciudadanos, independientemente de dónde decidan vivir y trabajar, además de que facilitará que las cualificaciones sean comprensibles en cualquier lugar de la UE y reconocidas formalmente cuando se trate de profesiones reguladas.
La propuesta pasa por agilizar el Pasaporte Europeo de Seguridad Social (ESSPASS), un documento digital que permitirá a las personas solicitar y recibir documentos de seguridad social íntegramente por internet, incluida la Tarjeta Sanitaria Europea y el documento A1 para los trabajadores desplazados.
Las personas que se desplacen a otro país de la UE podrán almacenar y presentar estos documentos en formato digital, mientras que las administraciones podrán verificarlos de forma rápida y segura. Este espacio digital estará disponible para personas y empresas de toda la UE a finales de año.8
La normativa trata de “proteger mejor a los trabajadores móviles frente a los abusos y eliminar procedimientos administrativos lentos y complejos que dificultan que las empresas contraten talento o presten servicios en toda la UE”. La Comisión insiste en que los países y sus Administraciones públicas “se beneficiarán”, ya que facilitará la lucha contra el fraude.
Roxana Mînzatu, vicepresidenta europea para Derechos Sociales y Empleo de Calidad, ha declarado que esta medida “transformará profundamente el mercado único para mejor. Las personas deben poder trabajar en cualquier lugar de Europa con sus derechos sociales protegidos y sus cualificaciones reconocidas con mayor rapidez. Las empresas deben poder contratar el talento que necesitan con menos trámites burocráticos y menos retrasos”.
La Comisión asegura que tras la implementación de la medida se generarán unos beneficios estimados de 6.000 millones de euros de aquí a 2040, “gracias a un reconocimiento más rápido de las cualificaciones profesionales, la verificación en tiempo real de los documentos de seguridad social y otros ahorros para empresas, trabajadores y autoridades, así como a la prevención del fraude”.
La Comisión resalta que la digitalización podría generar un ahorro de hasta 64 millones de euros para las empresas, 69 millones para los proveedores de servicios sanitarios y 72 millones para los inspectores de trabajo, gracias a una verificación transfronteriza más rápida. Las firmas digitales podrían evitar hasta 277 millones de euros en fraude durante el mismo periodo.
La Comisión propone asimismo crear una nueva herramienta europea de comparación de cualificaciones, basada en la información de las bases de datos nacionales sobre cualificaciones. Esta herramienta ofrecerá a empleadores y trabajadores una forma sencilla y gratuita de comprender y comparar las cualificaciones entre los distintos Estados miembros.
Plazos
Los documentos de seguridad social se digitalizarán por fases, empezando por el documento A1 para los trabajadores desplazados, un año después de la entrada en vigor del Reglamento sobre el ESSPASS, seguido de la Tarjeta Sanitaria Europea y otros documentos en un plazo de tres años.
Los cambios relativos a las cualificaciones y a la portabilidad de las capacidades también se introducirán de forma gradual: se simplificará el reconocimiento de las cualificaciones obtenidas fuera de la UE en un plazo de dos años desde su adopción, mientras que las cualificaciones digitales disponibles en la Cartera Europea de Identidad Digital y un reconocimiento más sencillo para las profesiones reguladas estarán operativos en un plazo de tres años.
Una vez adoptado el mandato revisado, la Autoridad Laboral Europea (ELA) podrá comenzar a aplicar los cambios, y se esperan mejoras entre 2028 y 2030.
