Javier Rodríguez-Heredia, socio director de Azora; Miguel Ángel Peña, CEO de Grupo Lar; Rosa Gallego, CEO de Q-Living.Seguir a Expansión en GoogleHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasGestoras y promotoras alertan de que la incertidumbre genera una “tormenta perfecta” con una paralización de la financiación, de los nuevos desarrollos y de los contratos de alquiler.
Los directivos de las principales gestoras de inversión, promotoras, operadores y fondos presentes en el negocio residencial en España coincidieron ayer en advertir de que la inseguridad jurídica agrava la emergencia habitacional, provocada por un profundo desajuste estructural entre la creación de hogares y la escasa producción de viviendas.
Durante el Rental Housing Forum, organizado por Planner Exhibitions, Javier Rodríguez-Heredia, socio director de Azora, indicó que la gestora cuenta actualmente con cerca de 1.000 millones de capital disponibles para invertir en el mercado residencial español. Sin embargo, advirtió de que los recursos se movilizarán o se dirigirán a otros mercados “en función de las cosas que pasen”.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de octubre dos reales decretos, uno de los cuales ya ha entrado en vigor, por lo que algunas de las medidas que recoge ya se están aplicando, como la prórroga de dos años de determinados contratos de alquiler y las nuevas restricciones a la compra de viviendas por parte de empresas y grandes tenedores.
Los inversores siguen muy pendientes del resultado de las elecciones del 29 de noviembre y de las políticas de vivienda que impulse el Ejecutivo que salga de las urnas .Aunque no dio detalles de operaciones que se hayan parado durante su intervención, el fondo soberano de Noruega competía junto Azora por adquirir una cartera de 1.910 viviendas de Vía Célere y Greystar, con una oferta que se valoró en 510 millones, tal como adelantó EXPANSIÓN.
“Pedimos un poco de paciencia a los inversores porque estoy convencido de que esto va a caer por su propio peso”, afirmó Rodríguez-Heredia. El directivo subrayó que España cuenta con mejores fundamentales y una mayor resiliencia que otros mercados europeos en el ámbito del alquiler residencial.
Los representantes de Grupo Lar y Q-Living, dos firmas con una amplia trayectoria en el negocio residencial en alquiler, también destacaron el impacto de las últimas medidas regulatorias sobre la inversión. Según señalaron, grandes fondos e inversores internacionales, como el fondo soberano noruego o BlackRock, mantienen su interés por España debido a sus sólidos fundamentales de demanda, pero están retrasando sus decisiones ante el “ruido regulatorio” y la falta de previsibilidad.
Miguel Ángel Peña, consejero delegado de Grupo Lar, afirmó que la aprobación “de forma torticera” de los reales decretos ha afectado de “manera brutal” al mercado de inversión. A su juicio, estas medidas perjudican especialmente a inversores como los fondos de pensiones, que buscan invertir en España a largo plazo a cambio de una rentabilidad limitada, pero estable. Peña reclamó, además, una mayor previsibilidad en la gestión del suelo para poder ofrecer al capital internacional plazos de desarrollo creíbles y garantías suficientes.
Por su parte, Rosa Gallego, consejera delegada de Q-Living, calificó la situación actual de “tormenta perfecta”. Según explicó, no solo se ha detenido la inversión, sino que también se han frenado los desarrollos y la firma de nuevos contratos de alquiler, a la espera de conocer cómo concluye la tramitación de los decretos y su convalidación legislativa. Gallego lamentó que se esté regulando “en contra de los solucionadores” del problema de la vivienda.
Gallego criticó la ampliación obligatoria de los contratos de alquiler protegido sin comprobar si los inquilinos siguen cumpliendo las condiciones de renta que justificaron su acceso a la vivienda. En su opinión, esta medida impide la rotación del parque residencial y perjudica a familias jóvenes o vulnerables que cumplen los requisitos para acceder a una vivienda, pero no encuentran oferta disponible porque los inmuebles permanecen ocupados.
Los directivos coincidieron en que la inversión en alquiler residencial exige horizontes de muy largo plazo y reclamaron un pacto de Estado en vivienda con una duración de 15 años, que garantice unas reglas de juego estables y permita “sacar a la vivienda del oportunismo político y de los ciclos electorales”.
También pusieron de relieve la paradoja de que los principales partidos políticos compartan algunos diagnósticos y soluciones, como la modificación de un artículo de la Ley del Suelo para evitar que un defecto formal pueda anular un plan urbanístico completo, pero no logren aprobar las medidas por disputas sobre la atribución de los méritos o evitar que el adversario “se cuelgue la medalla”.
Otras trabas
Felipe Pérez, responsable de Praemia REIM Spain, explicó que analizar los cambios normativos en los comités de inversión forma parte de su actividad habitual, dado que la compañía opera en múltiples países europeos, y que la regulación en mercados como Alemania o Francia es “bastante peor”.
A su juicio, el principal problema no es tanto la regulación en sí misma como “cambiar las reglas del juego a mitad del partido sin criterio”.Más allá de la incertidumbre regulatoria, Marta Herrero, directora de Inversión de Bestinver (Acciona), apuntó que otra barrera para la llegada de capital a España es la escasez de proyectos de gran escala. Según explicó, los grandes fondos tienen dificultades para encontrar operaciones con un volumen para desplegar su capital y pasan por alto oportunidades en ciudades diferentes a Madrid y Barcelona.
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