Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social durante el Gobierno de Mariano Rajoy, ha fallecido en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo).
La exdirigente popular viajaba en el vagón 1 del tren de Iryo que colisionó con un convoy AVE cuando se desplazaba desde Madrid a Sevilla junto a una delegación empresarial para participar en un acto de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
Tenía 59 años y era una de figuras más reconocibles de la política económica española de la última década y media. Fue la mujer que asumió la responsabilidad de revitalizar el mercado laboral en plena Gran Recesión (la profunda crisis económica de 2008) impulsando la polémica reforma laboral de 2012 que sentó las bases de la recuperación económica.
Nacida en San Juan del Puerto (Huelva) en 1967, Báñez llegó al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en diciembre de 2011, en uno de los momentos más difíciles de la economía española. El país destruía millones de puestos a medida que la crisis dinamitaba la economía llevando el desempleo hasta máximos históricos.
Los efectos colaterales de la crisis de deuda habían dejado una profunda herida en el mercado laboral y el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy fue el encargado de frenar la caída en picado, evitando el rescate de la economía española.
Fue en ese contexto cuando Báñez asumió el reto que marca su carrera política. Apenas dos meses después de su llegada al Ministerio, el Ejecutivo aprobó la reforma laboral de febrero de 2012. La norma modificó las reglas de contratación y negociación colectiva, dio mayor protagonismo a los convenios de empresa y facilitó que las compañías adaptaran sus condiciones laborales a las circunstancias económicas.
Una de las claves, que aún hoy es objeto de debate, fue la reforma del régimen de indemnización por despido improcedente para los nuevos contratos indefinidos, que pasó a situarse, con carácter general, en 33 días por año trabajado, frente a los 45 días anteriores.
Con esta reforma, Báñez se convirtió en protagonista de uno de los debates más intensos de la política española que se ha mantenido en los últimos años.
Cabe recordar que nueve años después, en 2021, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llevó a cabo una nueva reforma laboral que revirtió aspectos relacionados con la contratación para revertir la elevada tasa de temporalidad. Lo que no parece discutible es que la reforma labora del herramienta necesaria para recuperar la competitividad, frenar la destrucción de empleo y facilitar la contratación.
Si bien, la reforma fue objeto de una amplia contestación sindical. De este modo, el 29 de marzo de 2012 se celebró una huelga general contra el Gobierno de Rajoy, y el 14 de noviembre de ese mismo año los sindicatos volvieron a convocar una huelga general en el marco de una protesta de dimensión europea contra las políticas de austeridad.
Cabe recordar que el efecto de las políticas de contención fiscal y la reforma laboral aún tardarían en hacer efecto. El paro siguió aumentando hasta alcanzar los 6,28 millones de personas en el primer trimestre de 2013, el máximo histórico. Sin embargo, a partir de 2014 el mercado laboral comenzó a cambiar de tendencia.
La tasa de paro pasó del 25,7% en el cuarto trimestre de 2013 al 14,4% en el mismo periodo de 2018, cuando Báñez dejó el Ministerio tras la moción de censura que puso fin al Gobierno de Rajoy. Aunque la reforma laboral no explica por sí sola la recuperación, en la que también influyeron la mejora de la actividad económica y las condiciones financieras, sí constituyó una de las piezas centrales de la estrategia del Ejecutivo para superar la crisis.
El balance de su gestión quedó marcado por esa dualidad: la recuperación de millones de puestos de trabajo y las críticas por la precariedad, la temporalidad y la pérdida de poder negociador de los trabajadores. España consiguió reducir sustancialmente el desempleo durante su mandato, aunque siguió arrastrando problemas estructurales que ninguna reforma había logrado resolver.
Báñez defendió el modelo como una vía para facilitar la creación de empleo y adaptar las empresas a un entorno cambiante; sus críticos cuestionaron el coste social de esa flexibilidad.
Después de la política
Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE, Báñez inició su trayectoria profesional en la empresa familiar. Antes de incorporarse al Gobierno, formó parte del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía y desarrolló una carrera política en el Partido Popular que la llevó al Congreso de los Diputados y a ocupar responsabilidades en el área económica.
Su salida del Ejecutivo en junio de 2018 no supuso su retirada de la vida profesional. Tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, regresó al sector privado y se incorporó a los consejos de administración de Laboratorios Rovi y de empresas vinculadas a Iberdrola.
En el grupo energético desempeñó responsabilidades relacionadas con su filial estadounidense Avangrid y, posteriormente, como consejera externa y presidenta de la Comisión de Auditoría Interna de Iberdrola Internacional.
En los últimos años, su actividad se centró también en la representación empresarial como presidenta de la Fundación CEOE, cargo que ostentaba desde julio de 2020. Desde este puesto impulsó iniciativas relacionadas con la empleabilidad, la innovación y la inclusión social destinadas a facilitar el acceso al mercado de trabajo y mejorar las oportunidades profesionales.
Precisamente, bajo la presidencia de la Fundación CEOE, Báñez participó en febrero de 2025 en el encuentro Liderazgo en igualdad: el objetivo de la igualdad salarial de EXPANSIÓN donde defendió la necesidad de reducir de forma sostenida la brecha retributiva, destacando que el talento es el activo más estratégico del país y que alcanzar la igualdad salarial incrementaría el PIB en 213.000 millones de euros.
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