Entre ellos, Julio Gómez Pomar, secretario de Estado con Rajoy y Aznar, y el expresidente de Renfe Juan Alfaro, al que el Gobierno de Ayuso acaba de adjudicar un contrato de 217.000 euros
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Tres ex cargos del PP a los que el Gobierno de Mariano Rajoy nombró en sucesivos cargos en el antiguo Ministerio de Fomento y en Renfe han pedido este viernes, en declaraciones a Expansión, “despolitizar” esa empresa pública y el gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif, tras la nueva catástrofe de la alta velocidad española en Urda (Toledo), segunda en nueve meses, con un balance provisional de 69 fallecidos y más de 200 heridos.
Uno de esos ex cargos es Juan Alfaro, que presidió Renfe hasta 2018, con el popular Íñigo de la Serna como ministro de Fomento. En declaraciones a ese diario económico, Alfaro ha abogado por dar autonomía a esas dos empresas públicas para permitirles “ser completamente independientes del devenir político”. Plantea que pasen a “depender de otro ministerio o incluso de otros organismos públicos como por ejemplo Sepi”, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, para dotarles de más independencia del ministerio regulador en un mercado liberalizado.
Alfaro, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un perfil técnico y, al mismo tiempo, una trayectoria muy vinculada al PP. Cuando fue nombrado presidente de Renfe, su padre (Juan Hilario Alfaro Martínez) era teniente de alcalde y concejal de Agricultura y Medio Ambiente en el municipio conquense de Tarancón por ese partido, que le nombró presidente de su junta local en mayo de 2018, cuando él todavía presidía Renfe.
Antes de ocupar ese cargo en la empresa pública de ferrocarriles, Alfaro ocupó varios cargos en administraciones del PP. Fue director general de la Sociedad Estatal de Infraestructura Terrestre, adscrita a Fomento, donde tuvo que lidiar con el problema de las autopistas de peaje en quiebra; y antes, director de la Oficina de Colaboración Público Privada e Innovación Social (bajo el Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública) del Ayuntamiento de Madrid entre junio de 2011 y mayo de 2012. Previamente, también ocupó diversos cargos en la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP desde hace más de cuatro décadas.
Tras su salida de Renfe, Alfaro se incorporó a la consultora Deloitte. Allí fue director de Transportes y Movilidad y, posteriormente, socio de Financial Advisory, especializado en la industria de Transporte y Movilidad. Tras abandonar esa firma en 2024 montó su propia consultora, Inframove, que tiene entre sus clientes a la Comunidad de Madrid.
En concreto, esta firma de Juan Alfaro se ha adjudicado este año en una unión temporal de empresas (UTE) con otra de las denominadas Big Four, KPMG, un contrato de asistencia técnica para la elaboración y redacción de la Estrategia Logística de la Comunidad de Madrid.
El contrato, por un importe de 216.892,36 euros, lo adjudicó la Agencia Logística de la Comunidad de Madrid. Esta empresa mixta fue presentada en febrero de 2025 por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, “para reforzar a la Comunidad de Madrid como centro de distribución en toda España y atraer más empresas”.
En esa empresa semipública son consejeros, entre otros, Pedro Corbalán, el consejero delegado de Planifica Madrid (la empresa pública que compró el famoso ático en Chamberí para el Gobierno de Ayuso), o (en representación de la Cámara de Comercio madrileña) Alejandro Halffter, ex alto cargo de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre al que hace años se atribuyó una famosa frase sobre un “volquete de putas”.
Otro de los expertos vinculados al PP que piden despolitizar Renfe y Adif es Julio Gómez-Pomar. Considera que estas empresas públicas deben adaptar su gobernanza a la práctica europea, de forma que prime “una mayor independencia del poder político y un sistema donde la competencia profesional sea el criterio de selección de la estructura directiva”.
Pomar tiene también un perfil técnico pero inevitablemente vinculado al PP. Doctor en Económicas por la Universidad Complutense y MPA (Master in Public Administration) por la Universidad de Harvard, con José María Aznar fue secretario de Estado para la Administración Pública, director general de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial, director general de la Tesorería de la Seguridad Social y director general del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Ya con Rajoy en Moncloa, Gómez-Pomar fue presidente de Renfe (estaba al frente de esta compañía en 2013, cuando descarriló un Alvia en Galicia y causó 80 víctimas mortales) y posteriormentem, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda entre 2014 y 2018, lo que le convertía en virtual “número dos” del ministerio de De la Serna.
En 2020 fue nombrado presidente de Eco Rail, empresa controlada por el grupo Magtel que estuvo a punto de entrar en la primera fase de la liberalización del AVE. Y en 2024 sustituyó a su ex jefe Íñigo de la Serna como director general de Madrid Green Urban Mobility Lab, una entidad público-privada impulsada en julio de 2021 por el Ayuntamiento de Madrid junto a la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) y diversas empresas privadas, que pretende convertir a la capital en un referente internacional en materia de movilidad urbana sostenible.
En septiembre de 2023, elDiario.es informó de que el Tribunal de Cuentas había abierto una investigación a Puertos del Estado por un posible sobresueldo irregular de esta empresa pública a la esposa de Gómez-Pomar, Eva Miquel, que fue contratada como responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales en esa entidad adscrita a Fomento cuando su marido era uno de los principales responsables del ministerio.
Otra de las voces expertas que piden “despolitizar” Renfe y Adif es Berta Barrero, que cree que “lo verdaderamente importante no es tanto la adscripción administrativa de una organización como garantizar la estabilidad de su marco institucional, la claridad en la asignación de responsabilidades, la profesionalización de su gobernanza y la autonomía de gestión necesaria para desarrollar una estrategia de largo plazo”.
Barrero es otro perfil muy técnico que ocupó puestos relevantes en empresas públicas durante la etapa de Rajoy, varios de ellos (en Renfe e Ineco) a la sombra del fallecido Pablo Vázquez, ex presidente de Reformismo 21, el principal think tank vinculado al Partido Popular.
Ingeniera de caminos, canales y puertos (UPM), máster en Sistemas Ferroviarios (ICAI) y Executive Master en desarrollo directivo por Esade, Barrero fue fichada en 2017 como directiva por Indra (cuyo mayor accionista es la Sepi), de la que salió en 2023. En la actualidad es adjunta al presidente ejecutivo de Vectalia, grupo familiar alicantino dedicado al transporte de pasajeros urbano e interurbano, con presencia en España, Francia y Marruecos.
Barrero es también, según cuenta este viernes El Periódico, una de las integrantes de una suerte de gabinete de crisis propio que ha creado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras la tragedia de Urda, cuya primera reunión presencial estaba prevista para este viernes en la sede central del primer partido de la oposición en Madrid.
Barrero ya formaba parte junto al fallecido Pablo Vázquez de ese equipo, con el que el líder del PP ya estuvo en contacto permanente en enero, con motivo del accidente de Adamuz (Córdoba), que le llevó a enfatizar desde entonces el déficit en infraestructuras como uno de sus principales reproches al Gobierno de Pedro Sánchez.
