El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ministro de Transportes, Óscar Puente.Seguir a Expansión en GoogleHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedas- Editorial Otra catástrofe que agrava la inseguridad
- Análisis Adif, en el punto de mira por los retrasos y el deterioro de la seguridad
La terrible tragedia provocada por el alcance de dos trenes en una misma vía a la altura de Urda (Toledo), que deja un balance provisional de 69 fallecidos, debe ser el episodio final de la nefasta etapa de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes.
El todavía ministro ha solicitado comparecer el próximo martes en la comisión permanente del Congreso de los Diputados para ofrecer explicaciones de lo sucedido, pero a la luz de las múltiples deficiencias que acumula la red de alta velocidad ferroviaria y de las consecuencias dramáticas de su probada incompetencia para el cargo cualquier justificación técnica será insuficiente frente al enorme dolor de las familias de las víctimas. Al ministro no le queda otra salida digna que dimitir. Debería ser Pedro Sánchez y no Puente quien explique a los representantes de los españoles por qué lo ha mantenido en el cargo a pesar de no haber sido capaz de dilucidar aún las causas del accidente ocurrido en Adamuz hace nueve meses ni de realizar la prometida auditoría de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla ni de haber adoptado medidas adicionales de seguridad hasta conocer el diagnóstico de los expertos sobre el siniestro del pasado enero.
Grave deterioro
La multiplicación de incidentes -ayer mismo se produjo un enganche de otro tren con una catenaria en un túnel cerca de Aranjuez- desde el año 2018 tiene su raíz en la menguante inversión en mantenimiento de la red, algo achacable tanto a Puente como a sus antecesores: Raquel Sánchez y José Luis Ábalos (éste último condenado a 24 años de cárcel por el Tribunal Supremo los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias perpetrados durante su etapa al frente del Ministerio). Pese a la abundancia de fondos europeos y los mayores recursos procedentes del canon que pagan las operadoras privadas tras la liberación del servicio ferroviario, la inversión en la infraestructura por pasajero ha caído un 28%, hasta una tasa que es menos de la mitad de la media europea. En paralelo, los accidentes han crecido un 142%, sobre todo en las vías con mayor tráfico y de más antigüedad. También se han multiplicado las denuncias de los trabajadores del gestor de infraestructuras y de las compañías ferroviarias sobre incidencias de circulación, problemas de comunicación con los puestos de control y fallos en los sistemas de seguridad como el que originó la catástrofe de Urda. Del mismo modo, son responsabilidad directa de Puente los retrasos injustificables en la sustitución del sistema LBZ por el más moderno y robusto ERTMS, unas tareas que fueron licitadas por Adif en 2011 y que, según el último cronograma remitido a Bruselas, debían haberse completado en enero, así como la rebaja de categoría de la dirección general de seguridad existente hasta 2025 en el gestor de las vías.
Comportamiento indigno
Por todo ello, atribuir precipitadamente a un error humano la causa del alcance entre dos trenes de alta velocidad el miércoles, como hizo el ministro sólo unas horas después del siniestro, señalando públicamente al responsable de circulación que estaba en ese momento en el puesto de control de Atocha, es indigno e indecente. Más aún a la vista de la antigüedad de los equipos con que los profesionales deben controlar la operativa normal en los casi 4.000 kilómetros de vías de alta velocidad desplegados por toda España y las reiteradas denuncias de los sindicatos sobre la falta de plantilla suficiente para atender el crecimiento exponencial de la carga de trabajo desde la liberalización.
Sin Presupuestos desde 2023
El desastroso estado de las infraestructuras ferroviarias en la cuarta mayor economía del euro muestra las consecuencias nefastas de que el Gobierno lleve más de mil días sin aprobar unos Presupuestos del Estado, que vehiculan inversiones plurianuales como las que se precisan para mantener las vías ferroviarias. Sánchez y sus ministros, entre ellos Puente, han defendido en reiteradas ocasiones que podían gestionar perfectamente este país con prórrogas sucesivas de las Cuentas de 2023. A la vista de todos ha quedado que no.
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