El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece ante los medios de comunicación en el Centro de Control del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, en Madrid.EFESeguir a Expansión en GoogleHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedas- Nueva catástrofe en la alta velocidad con decenas de muertos y heridos
- Año negro para la alta velocidad que acorrala a Óscar Puente
Dos accidentes gravísimos en la alta velocidad española en diez meses es algo inasumible para un país como España. Lo ha reconocido el propio presidente del Gobierno.
Sin embargo, el ministro responsable de la seguridad ferroviaria en nuestro país no dimitió tras la catástrofe de Adamuz el pasado 28 de enero (46 muertos) y no parece que lo vaya a hacer ahora (otros 68 fallecidos). Óscar Puente dijo ayer que ahora no piensa en eso, sino en aclarar los porqués de este último, cuando sigue sin concluir la investigación por el anterior. Si tuviera un mínimo de vergüenza, debería dejar su cargo como ministro de Transportes y, por supuesto, cerrar sus cuentas en redes sociales y dejar de hacer chistes en la televisión pública sobre la inseguridad de Renfe.
Puente es uno de los peores ministros de la democracia. Asumió el cargo tras la destitución de José Luis Ábalos, condenado por varios delitos de corrupción, y desde entonces ha dedicado más tiempo a atacar a sus contrincantes políticos desde su cuenta de X y en sus intervenciones públicas, que a gestionar los transportes y las infraestructuras en nuestro país. Con su habitual desparpajo y desprecio a la realidad llegó a decir el 23 de agosto de 2024 que “el tren vive en España el mejor momento de su historia”. Eso sí que es una auténtica fake new, una mentira con todas sus letras. No es solo por los dos accidentes mortales de este año, sino por el desastroso funcionamiento de toda la red ferroviaria, tanto la alta velocidad, como los trenes convencionales o los de cercanías.
Es posible que la razón última del accidente de ayer se debiera a un error humano de uno de los operarios de Adif. Pero el fallo se produjo después de una caída del sistema automático de frenado LZB, que llevaba funcionando desde 1992 y que debía de haberse renovado hace ya tiempo. Varios ingenieros explicaban ayer en los medios de comunicación que “hay una falta clara de mantenimiento y de gestión de los sistemas y automatismos de seguridad”.
Lo mismo ocurrió con el accidente de Adamuz, el defectuoso mantenimiento de las vías provocó fallos en las soldaduras y el tren descarriló. Entonces, Puente dijo que era algo “muy extraño”, como queriendo buscar culpables externos, y luego se defendió afirmando que “yo no soy el que hace las soldaduras”. Ayer, en su primera intervención pública, volvió a echar balones fuera y dijo que “un accidente por alcance en la red de alta velocidad es algo inverosímil”. Anunció que seguirá dando todas las explicaciones que hagan falta, como hizo en enero sin aclarar nada.
No hay que olvidar que el ministro de Transportes es el máximo responsable de Adif y de AESF, además de nombrar al presidente de Renfe. No puede eludir que tanto los fallos técnicos como los humanos tienen unas consecuencias catastróficas, que exigen responsabilidades políticas. Pedro Sánchez fue ayer especialmente agresivo al afirmar en su visita al lugar del siniestro que “no es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año como hemos sufrido”. Pero no dio el paso siguiente que le exige la ciudadanía que sería anunciar que se asumirían las responsabilidades políticas correspondientes.
Si Puente no dimite, debería ser el presidente quien lo destituyera de forma fulminante y ordenara una investigación a fondo sobre la mala gestión de las infraestructuras ferroviarias en los últimos años. Debe investigar alguna institución externa, no el responsable de la catástrofe que volverá a defenderse de su mala gestión buscando otros culpables, como ya hizo en Adamuz. Este gobierno es especialista en no asumir ninguna responsabilidad; el mejor ejemplo es que sigue sin concluir la investigación sobre el apagón eléctrico que afectó a 50 millones de personas en España, Portugal y Andorra el 28 de abril de 2025, mientras se mantiene en el cargo la presidenta del Grupo Redeia, Beatriz Corredor, responsable del buen funcionamiento de la red.
Por supuesto que hay que investigar por qué falló el sistema automático de frenado LZB, si ha ocurrido otras veces y si el operador de Adif cometió un error al autorizar al tren de Renfe volver a arrancar después de la parada automática que afectó a ese tren y al de Iryo. También habrá que comprobar si la orden incluía avanzar a marcha normal (llegó a alcanzar los 200 kilómetros por hora en ese tramo), en vez de marcha a la vista, que limita la velocidad a 40. Pero nada de eso exime al ministro de la responsabilidad final de la seguridad ferroviaria en España.
La alta velocidad ha sido uno de los referentes internacionales de nuestro país desde que se inauguró en 1992. Solamente el recorrido Madrid-Sevilla es utilizado por seis millones de personas cada año. Sin embargo, el servicio ha ido perdiendo calidad y seguridad en los últimos tiempos, fruto de la falta de inversión en mantenimiento. Los maquinistas de Renfe y algunos empleados de Adif llevan meses denunciando ese deterioro.
Óscar Puente no debería seguir al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ni, por supuesto, dirigir la investigación del accidente de ayer. Es la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria la que debería hacerse cargo del asunto, apoyado por los peritos de la Guardia Civil. El ministro está quemado y carece de credibilidad, incluso para ser candidato en la lista del PSOE por Valladolid en las próximas elecciones del 29 de noviembre.
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