La semana pasada, tuve la oportunidad de entrevistar a la Ministra de Vivienda. Nombrada en 2023, a Isabel Rodríguez le ha tocado un papel muy difícil. En primer lugar, las competencias de vivienda están en manos de las comunidades autónomas, la mayoría del PP, que no han querido aplicar los topes al alquiler que ya tienen impacto en los precios, aunque no llegan a solucionar el problema de acceso a la vivienda ni de lejos. En segundo, navega en un Congreso sin mayoría del PSOE donde aprobar cualquier decreto requiere juegos malabares.
Con todo y con eso, hay dos afirmaciones contrapuestas sobre el Ministerio de Vivienda que se oyen habitualmente y que son igualmente falsas por motivos opuestos: que no puede hacer nada por las competencias y que no ha hecho nada. De hecho, lo que han conseguido en los últimos meses es una muestra de que se podría haber hecho mucho más o de que, seguramente, se podría haber hecho antes.
El nuevo decreto de vivienda, que pone coto al alquiler de temporada y de habitaciones y facilita la construcción de vivienda pública, es una muestra de que se pueden cambiar leyes a nivel estatal que tengan cierto impacto, tal vez no definitivo, en el territorio. Pero aunque los principales culpables de que no salga adelante son los partidos de oposición, las demoras en los nuevos redactados del texto y en conseguir uno que satisfaga a los partidos necesarios (a no ser que estos simplemente estén jugando a la política) son responsabilidad del Gobierno.
La propia ministra, que reconocía en la entrevista que harán “todo lo posible” para frenar el desahucio de Maricarmen previsto para el próximo miércoles, explicaba que con este decreto y su medida antidesahucios, no echarían a la anciana que se ha convertido en un símbolo del movimiento por la vivienda en Madrid y en España y que ha perdido por el camino parte de la salud. Como no está aprobado, no podemos poner este decreto en la lista de cosas que sí se ham hecho, por lo menos hasta la fecha. Pero si hay alguien que se no ha movido un dedo por Maricarmen son el Ayuntamiento de Almeida y la Comunidad de Madrid, tal y como le recordaba el Sindicato de Inquilinas en una pancarta esta semana frente al pisazo de lujo comprado con dinero público: “Ático para Ayuso, desahucio para Maricarmen”.
Pero hay medidas que sí se han llevado a cabo y tendrán un impacto significativo en España, que necesita urgentemente más vivienda pública. La creación de Casa 47, por mucho que le critiquen que arranque con pocos pisos y en lugares poco relevantes (el ritmo irá creciendo a medida que se adecuen las viviendas de la Sareb), es un hito muy importante. Prevé nuevos barrios repletos de vivienda pública en Madrid, desde Campamento hasta Valdecarros, y sienta las bases para que el estado inyecte hasta 100.000 viviendas al sistema. Tarde, eso sí, porque estas son cifras parecidas a las que Pedro Sánchez prometió cuando ganó las últimas elecciones.
Hay otra medida muy importante llevada a cabo por este ministerio y que ha pasado bastante desapercibida: el hecho de blindar para siempre la vivienda protegida para que no pase al mercado libre, salto que ha significado la pérdida de centenares de miles de viviendas públicas. Dentro del Plan estatal, se han condicionado las transferencias de fondos a que la vivienda que se haga con ellos sea pública para siempre.
Mientras estas medidas fundamentales arrancan, el acceso a la vivienda sigue complicándose, la moderación de las subidas de precios no es alivio para quien tiene que desembolsar media vida de ahorros en una entrada o más de medio sueldo en un piso o incluso en una habitación. No hay que eludir las responsabilidades de cada Comunidad Autónoma o Ayuntamiento en esta situación de emergencia que hace que dos millones de personas sean pobres, pero tampoco se puede no mirar hacia el ministerio de Vivienda.
A punto de que acabe la legislatura y con bastantes opciones de que la próxima presidencia del Gobierno esté en manos del PP con algún tipo de apoyo de Vox, el ritmo al que se irán desplegando estas medidas dibujan una posibilidad en el horizonte: que sea el gobierno de derechas quien recoja el legado de este Ministerio y entregue las llaves de decenas de miles de viviendas públicas y encima se cuelgue la medalla de Casa 47, obviando que el traspaso, la construcción y la adecuación de viviendas es la fase que más tiempo lleva y que está siendo posible por los esfuerzos del ministerio actual.
El dato
2.315 €
Es lo que cuesta de media el metro cuadrado de una vivienda libre en España, récord absoluto. O sea, que por un piso de 100 metros cuadrado se paga de media 231.500 euros, con gran diferencia entre los 404.000 euros de la Comunidad de Madrid y los 85.400 en Cuenca, provincia más barata con un precio casi cinco veces menos que el de Madrid.
En las comunidades con el alquiler topado, los precios de compraventa suben menos que en el resto: es el caso de Pamplona (5,2%), Vitoria (6,5%), Girona (6,4%), Barcelona (6,9%), A Coruña (7,6%), Bilbao (7,9%), San Sebastián/Donostia (8,5%), y Lleida (9,9%). En todas ellas, la subida es menor que el 12,5% de subida anual media en España, que supone una moderación respecto al primer trimestre, cuando la subida era del 13,9%. La mayor subida, del 15,9%, se ha dado en Huelva.
Poder privado
El próximo martes empieza The District, la gran feria inmobiliaria de quienes se lucran con las altas rentabilidades de la vivienda mientras la mayoría hacemos malabares por pagarnos algo que se le parezca. Mientras se celebra, se espera que tenga lugar el desahucio de Maricarmen, tercer intento, el próximo miércoles. La paradoja de los que más ganan y los que más pierden en la lucha por la vivienda en pocos kilómetros de diferencia. Se pueden imaginar dónde se espera que esté Ayuso.
Esta semana, elDiario.es ha mostrado dos prácticas abusivas del sector privado con la vivienda. En Madrid, Nerea Díaz ha contado que irá a juicio una inquilina que recibió las presiones de un fondo opaco, Gaiprop, por negarse a abandonar la vivienda. Y tras ella, pueden ir otras familias que están siendo coaccionadas.
Desde Barcelona, Pol Pareja ha contado la historia de Housers, una startup de inversión inmobiliaria que ha hecho perder a varios inversores miles de euros que no han visto retorno.
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